Más allá de la razonabilidad que puede tener un reclamo, las personas pueden recurrir a los tribunales con distintos objetivos:

  • Resolver un conflicto que no pueden autocomponer o autogestionar.
  • Confrontar con el otro, perseguirlo, castigarlo, obtener una sanción frente a su conducta. De esta manera mantienen su atención y permanecen ligados al otro, siguen presentes en su vida.
  • A veces también, puede ser la única forma de enfrentar al otro en un ambiente cuidado con reglas o procedimientos que no existieron durante la relación.

En el primero de los casos, luego de agotada la vía judicial, aceptarán el fallo más allá de estar de acuerdo o no con el resultado,  porque el conflicto se resolvió a partir de la aplicación de la ley.

En el segundo de los casos, si la sentencia no es lo que el litigante busca, se iniciarán nuevos reclamos porque el objetivo no es que se aplique la ley para resolver el conflicto sino obtener el resultado que la persona que reclama quiere y cree que es justo de acuerdo a sus valores, principios y creencias. En estos casos,  más que un abogado  puede que el cliente necesite un terapeuta.

En el tercero de los casos, el proceso judicial puede ser el medio que necesita quien reclama para adquirir a través de la fuerza de la ley, la posibilidad de ejercer los derechos de los que se vio privado. Al igual que en el primer caso, agotada la vía judicial se aceptará el fallo porque en definitiva, el objetivo se cumplió con el proceso,  el reclamante pudo confrontar en un ámbito sujeto a normas, procedimientos y leyes.

Más allá del contexto que debe ser analizado en cada caso concreto, y el fundamento de las pretensiones, seria auspicioso que los tribunales resuelvan los conflictos aplicando la ley, sin tomar partido a través de la identificación o con una oculta intención de proteger a una de las partes. 

En lo que respecta a la identificación, deberá revisar el juzgador que le resuena en su propia historia, que se le pone en juego en el caso para identificarse con alguna de las partes.

Para proteger los intereses de cada parte, cada litigante ha contratado un abogado. 

A diferencia de los litigantes, el Juez debe dejar sus principios, valores y creencias de lado para resolver el conflicto a partir de la aplicación de la ley. 

Lo que debe protegerse es el cumplimiento de la ley, de ahí la objetividad y el orden que proporciona.  

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